Reescribiendo la “otra” historia…

Nuria López Priego / Sorihuela del Guadalimar
La primera exhumación que se realiza en la provincia con la Ley de la Memoria Histórica en vigor desempolva uno de los capítulos más tristes de la historia reciente del país. Tras dos días de trabajo, todos los indicios apuntan a que el cadáver desenterrado, ayer, puede ser el de alguno de los cuatro represaliados que yacen en la fosa común de Sorihuela.

No daban las nueve de la mañana cuando la excavadora del Ayuntamiento de Sorihuela empezaba, ayer, a remover la tierra en la fosa común del cementerio municipal. Según “testimonios orales” y “el expediente judicial” de una de las cinco personas que hay enterradas allí, en esta fosa común se encuentran los restos de Santiago Campayo, una de las víctima de la represión franquista en el municipio. Las excavaciones, que están financiadas íntegramente por el Ministerio de Presidencia, se realizan a instancias de un nieto de nacionalidad francesa de la víctima y comenzaron, el jueves. Ese mismo día, el equipo técnico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo “Nuestra Memoria”, que se ocupa de las prospecciones y de la exhumación, descubrió una caja, los pies de un cadáver y varios restos óseos más. De ahí, la urgencia por que la excavadora municipal volviera a ahondar en la fosa. El verdadero trabajo arqueológico no comenzó, sin embargo, hasta la entrada en escena de Marisa Hoyos, Trinidad Caballero y Scott Boehm, que, ayudándose de dos palas, azadones, azadillas, espátulas y brochas, desenterraron un cadáver que puede pertenecer a alguno de los cuatro represaliados que yacen en la fosa.
De comprobarse que es así, esta sería la primera fosa común que se exhuma en la provincia, tras la entrada en vigor de la Ley 52/2007, más conocida como de la Memoria Histórica. Esta fosa, junto con las otras treinta que, hasta diciembre de 2008,  ha documentado el historiador iliturgitano Santiago de Córdoba, siguen hablando y denunciando el genocidio franquista en la provincia.
La represión de la primera década de dictadura en Jaén se tradujo en casi tres mil víctimas. 2.745, según investigaciones inéditas del historiador Santiago de Córdoba, o 2.641, como arroja el informe realizado por la Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (Agemha). Hombres, en el 99% de los casos, cuyos restos mortales se encuentran en fosas comunes (ver mapa). Simples hoyos en la tierra sin lápida aún en algunos, que certifican el “terror” sobre el que se apoyó el nuevo gobierno. “Fue, en cierto sentido, lógico”, indica el profesor de la UJA, Luis Garrido. “La provincia se había mantenido fiel a la República hasta el final de la Guerra Civil —sólo cayeron Alcalá, Lopera y Porcuna— y, hasta 1945, hubo movimientos guerrilleros en sus sierras”. Por otro lado, en la memoria de la derecha jiennense persistía aún el recuerdo de la “violencia incontrolada” de los primeros meses de la guerra. “Sólo en seis, fueron asesinadas sin juicio más de dos mil personas”, asegura el investigador Luis Miguel Sánchez Tostado. “Y de todas esas muertes, la represión franquista pasaría factura”. Entre 1936 y 1950, 3.440 personas jiennenses fueron víctimas del franquismo, precisa el historiador Santiago de Córdoba. Esta cifra, junto con las 3.500 desapariciones aproximadas durante la guerra que estima el historiador José María García Márquez, los 2.845 presos republicanos recluidos en los campos de concentración provinciales y los varios miles de presos que había en las cárceles dibujarían un paisaje desolador de miedo y miseria en Jaén. En diez años, pudieron celebrarse entre “tres mil y cuatro mil” consejos de guerra y juicios sumarísimos. “Se les intentaba dar cierta apariencia de legalidad, pero, en realidad, se realizaban sin garantías”, aclara el profesor Garrido. El resultado fueron los 2.745 represaliados que documenta Santiago de Córdoba y que murieron “generalmente”, fusilados en los cementerios, en las cárceles o en una cuneta, como ocurrió en Alcalá la Real. Otros perecieron víctimas de la aplicación de la “ley de fugas” por la Guardia Civil o en las prisiones, como consecuencia de las torturas, el hacinamiento o la inatención médica.
Durante la transición española, en la provincia se realizaron exhumaciones en Arjonilla, Navas y La Carolina. “Eran más bien algo simbólico”, aprecia el coordinador de Todos los nombres por CGT, Cecilio Gordillo. La de Sorihuela, sin embargo, es la primera que se realiza con el rigor científico.